En el artículo anterior la idea era sencilla, aunque no cómoda de asumir: la inmigración no es el problema, lo es el sistema que la utiliza, la necesita y al mismo tiempo finge no depender de ella. No hay contradicción más evidente que esa, la de un modelo económico que requiere mano de obra constante y barata mientras sostiene un discurso público lleno de ambigüedades, apelaciones morales y soluciones siempre provisionales que nunca llegan a alterar la estructura de fondo.

Ese sistema no funciona a pesar de la inmigración, sino gracias a ella, y precisamente por eso conviene empezar a preguntarse no tanto si es buena o mala, sino a quién beneficia realmente, quién obtiene estabilidad, poder o margen de maniobra a partir de esta situación que se presenta como inevitable pero que en realidad responde a decisiones muy concretas.

El sistema no funciona a pesar de la inmigración, sino gracias a ella.

El primer beneficiario es político. No en el sentido simplista de que exista una estrategia explícita y planificada para importar votantes, sino en algo más estructural y por eso más eficaz: cuando una parte creciente de la población depende en mayor medida de servicios públicos, regularizaciones o marcos legales flexibles para estabilizar su situación, el sistema político tiende a consolidar un electorado más permeable a ese tipo de políticas. No es una cuestión de intención, sino de consecuencia. La gestión de la inmigración, tal como se está haciendo, no resuelve el problema de fondo, pero sí amplía la base social que necesita que ese mismo modelo continúe funcionando.

La inmigración no altera el sistema: lo estabiliza.

El segundo beneficiario es menos evidente, pero no por ello menos real. En una sociedad donde la secularización ha vaciado en gran medida las estructuras religiosas tradicionales, la inmigración introduce comunidades que mantienen prácticas, vínculos y necesidades que esas estructuras siguen siendo capaces de absorber. No se trata de reducirlo a una caricatura de interés o dependencia, sino de entender que allí donde una parte de la población autóctona ha abandonado ciertos marcos, otra los mantiene vivos, y eso reconfigura espacios de influencia social que parecían en retroceso. La cuestión no es moral, es funcional.

El tercer beneficiario es económico, y aquí la relación es más directa y más difícil de negar. Hay sectores enteros cuya competitividad no depende de la innovación, de la productividad o del valor añadido, sino de la capacidad de mantener costes laborales bajos de forma sostenida. Agricultura intensiva, hostelería, construcción, logística, cuidados: ámbitos donde el margen no se obtiene haciendo las cosas mejor, sino pagando menos. En ese contexto, la inmigración no es un efecto colateral, es una condición de posibilidad. Permite mantener estructuras económicas que de otro modo tendrían que transformarse o desaparecer, y al hacerlo, retrasa cualquier cambio profundo en el modelo productivo.

En muchos sectores, la competitividad no depende de producir mejor, sino de pagar menos.

A estos tres actores se suma un cuarto que rara vez se menciona de forma explícita, pero que atraviesa todo el sistema: el propio Estado. Más población implica más actividad, más consumo, más cotizantes, incluso cuando esas cotizaciones son bajas o inestables. Permite sostener a corto plazo equilibrios que a largo plazo siguen siendo problemáticos, y sobre todo evita tener que abordar debates más incómodos sobre productividad, salarios o estructura económica. La inmigración, en este sentido, no soluciona el problema, lo desplaza en el tiempo.

Todo este análisis, además, solo tiene sentido si se entiende en el marco concreto en el que se produce. La libre circulación de personas, como principio, no es el problema, y difícilmente puede serlo si se mira desde una lógica de libertad individual: moverse, trabajar y establecerse donde uno quiera es, en abstracto, una extensión natural de cualquier sociedad abierta. El problema aparece cuando ese principio se inserta en sistemas que no están diseñados para absorberlo sin conflictos, en economías que siguen dependiendo de salarios bajos para sostener ciertos sectores y en Estados del bienestar que reparten recursos sin haber resuelto antes cómo se generan. No es la movilidad lo que falla, es la estructura sobre la que se apoya.

El problema no es la movilidad de las personas, sino el sistema que la necesita sin poder integrarla.

Todo esto no significa que la alternativa sea cerrar los ojos o reducir la cuestión a una consigna fácil, sino asumir que el modelo actual no está diseñado para integrar de forma coherente ni para mejorar las condiciones de fondo, sino para gestionar un flujo constante que resulta útil a distintos niveles. Por eso las soluciones que se plantean suelen ser siempre parciales, reactivas o contradictorias, porque tocar de verdad el sistema implicaría alterar los intereses que lo sostienen.

Si se quiere hablar en serio de inmigración, el debate no puede limitarse a cuántos vienen o de dónde, sino a qué modelo económico y social se quiere construir. Eso implica decidir si la inmigración debe ser una herramienta subordinada a objetivos claros —mejora salarial, integración real, cohesión social— o si seguirá siendo una pieza que permite que todo continúe igual mientras se discute sobre ella.

Porque al final la pregunta no es si la inmigración es necesaria, sino para qué lo es y, sobre todo, para quién.

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