Este año se cumplen setecientos cincuenta años de la muerte de Jaume I. En la antigua Corona de Aragón, los reyes muertos continúan despertando más entusiasmo que los políticos vivos, quizá porque llevan siglos sin conceder entrevistas. Cada territorio reclama una porción del monarca y las redes sociales discuten su nacionalidad con el mismo rigor con que se reparte una herencia sin testamento.
Me he criado en Aragón. Esto no me convierte en antropólogo, pero me ha proporcionado muchas horas de observación participante. No existe, naturalmente, un aragonés químicamente puro, conservado en una urna junto al Pilar. Existe, sin embargo, un estilo reconocible: cierta nobleza áspera, una pasión que se avergüenza de sí misma y una melancolía que suele presentarse como sentido común.
El aragonés tradicional expresa el afecto mediante un insulto leve y responde «vamos tirando» aunque acabe de ganar la lotería. Desconfía de la euforia porque sospecha que toda alegría es una factura que todavía no ha llegado. Puede defender una idea con una vehemencia apocalíptica y, cinco minutos después, concluir que tampoco merece la pena ponerse así. Se mueve entre la desmesura y el escepticismo como quien cruza el Ebro sin quitarse la chaqueta.
Entre las ceremonias intelectuales de este carácter figura una frase que he escuchado muchas veces: «Cataluña nunca fue nada. Solo un condado de Aragón». Suele pronunciarla alguien que ha leído media página sobre la Edad Media, pero habla con la autoridad de quien estuvo presente en los esponsales de Petronila.
El medievalista de barra confunde la dignidad del monarca con la dignidad del pueblo.
La afirmación contiene una verdad mutilada hasta convertirla en mentira. Aragón tenía rango de reino y quien encabezaba los dominios de la casa de Barcelona ostentaba el título de conde de Barcelona. Pero los acuerdos dinásticos de 1137 no transformaron aquellos territorios en una dependencia administrativa aragonesa. Sentaron las bases de una unión dinástica entre el Reino de Aragón y los dominios vinculados a la casa de Barcelona. Ramón Berenguer IV recibió el gobierno de Aragón como príncipe, no como rey; su hijo Alfonso II reunió posteriormente la dignidad real aragonesa y el título condal barcelonés.
De aquella unión surgió una construcción política compleja y cambiante, formada por territorios que conservaron leyes, instituciones, privilegios y personalidad propios. Es lo que la historiografía describe como una monarquía compuesta.
La denominación Corona de Aragón remite al título regio de la dinastía común: el soberano era rey de Aragón y conde de Barcelona. El nombre no demuestra que los territorios catalanes fueran una dependencia administrativa aragonesa, del mismo modo que el nombre de una comunidad de vecinos no convierte al presidente en propietario de todos los pisos. Llamarla Corona de Aragón no transforma Barcelona, Valencia o Mallorca en barrios históricos de Teruel.
La historia compartida no es una escritura de propiedad.
Pero incluso aceptando la versión más elemental del relato —Aragón tenía rango de reino y Barcelona rango condal— queda por resolver una pregunta: ¿y qué?
Ningún aragonés contemporáneo ha heredado la corona. La inmensa mayoría de la población del Aragón medieval estaba formada por campesinos, artesanos, soldados, criados y contribuyentes. El país disponía, además, de una importante tradición foral y pactista, de Cortes y de mecanismos destinados a limitar el poder del rey. Sería absurdo borrarlo e imaginar un reino poblado únicamente por súbditos mudos ante un monarca absoluto.
Pero nada de eso convierte retrospectivamente a sus habitantes en propietarios de la dignidad del soberano. El rango del rey no era el rango del pueblo. Presumir hoy de que quien gobernaba a tus antepasados podía llamarse rey en lugar de conde sigue siendo una forma bastante refinada de orgullo subalterno.
El rango del soberano no era el rango de sus súbditos.
Las naciones modernas no obtienen sus derechos por haber superado una oposición medieval. Estados Unidos no necesitó ser un reino. Suiza tampoco tuvo que encontrar un monarca entre sus montañas. La democracia no pregunta qué tratamiento protocolario utilizaba un señor del siglo XII, sino qué comunidad política desea gobernarse en el presente. Una nación no es un título nobiliario. Es una voluntad de continuidad.
El problema aragonés tampoco procede de su origen rural. El campo no fabrica obediencia automáticamente: también ha producido insumisión, anarquismo, colectivismo, individualismo feroz y una desconfianza secular hacia la autoridad. De hecho, la propia tradición política aragonesa contiene suficientes episodios de resistencia al poder como para hacer especialmente curiosa cualquier celebración contemporánea de la condición de súbdito. La sumisión aparece cuando el poder consigue presentarla como virtud.
Durante el franquismo, una versión oficial de la identidad aragonesa quedó reducida a una combinación muy cómoda de jota, Pilar, baturrismo, cabezonería y lealtad española. Podían exaltarse las particularidades regionales siempre que permanecieran integradas simbólicamente en el nacionalismo español. Aragón tenía permiso para ser muy aragonés siempre que aquella diferencia no tuviera consecuencias políticas.
A esa domesticación cultural se añadió con el tiempo una dependencia material nada despreciable. Cerca de trescientos mil aragoneses perciben una pensión contributiva y más de cien mil trabajan para alguna administración pública. A ellos se suman quienes reciben prestaciones por desempleo, dependencia, rentas mínimas y otras transferencias. Las categorías se solapan y sería tramposo sumarlas para fabricar un porcentaje, pero el paisaje social que dibujan resulta difícil de ignorar: para una parte muy importante de Aragón, el Estado no es una abstracción constitucional, sino también la nómina, la pensión o una parte decisiva de la seguridad económica familiar. Esto no convierte al funcionario en obediente ni al pensionista en centralista. Sí ayuda a entender por qué el marco existente puede percibirse menos como una imposición que como una garantía de estabilidad. El Estado español no solo consiguió que una parte de Aragón se sintiera representada por él; consiguió también que una parte importante organizara alrededor de él su seguridad material.
El estereotipo del aragonés noble cumplió una función especialmente eficaz. «Noble» podía significar honrado y leal, pero también alguien que soportaba, cumplía y no molestaba demasiado. Se celebraba su aspereza porque no amenazaba a nadie. El centralismo español ha convivido mucho mejor con las identidades periféricas cuando han aceptado seguir siendo decorativas: traje tradicional, gastronomía, acento, fiestas y una cantidad razonable de orgullo regional. El problema empieza cuando la identidad aspira a convertirse en poder.
El centralismo convive mucho mejor con las identidades cuando aceptan seguir siendo decorativas.
De ahí nace también una parte del anticatalanismo aragonés. Cataluña funciona como un espejo incómodo. Su voluntad nacional recuerda que una identidad puede aspirar a algo más que protagonizar las fiestas del Pilar. Resulta más sencillo recordar al catalán que su soberano era conde que preguntarse por qué el antiguo reino ha terminado buscando buena parte de su reconocimiento político en la capital de un Estado cada vez más centralizado.
Defender Cataluña no exige despreciar Aragón. Precisamente porque conozco su carácter, su decencia, su obstinación y también cierta tristeza que lo recorre, resulta difícil aceptar que su destino político consista en contemplar un antiguo escudo mientras las decisiones importantes se toman dentro de un marco que casi nunca ha definido.
El pasado puede ofrecer símbolos, instituciones y argumentos. No puede sustituir a la voluntad. Aragón tuvo rango de reino y Cataluña no tuvo un título regio equivalente, pero esa diferencia dinástica no concede a los aragoneses actuales una soberanía suplementaria ni limita lo que los catalanes puedan querer ser mañana.
Los muertos no votan y las coronas no se heredan colectivamente. Lo único que una generación recibe de verdad es la responsabilidad de decidir qué hace con aquello que ha sobrevivido. Un reino puede terminar convertido en provincia mental y un antiguo conjunto de condados todavía puede querer convertirse en Estado.
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