La inteligencia artificial en la Justicia acaba de llegar con una memoria bastante mejor que la de los jueces, que llevan siglos administrando prestigio y poder.
Siempre me ha llamado la atención el prestigio intelectual del que gozan los jueces. El ciudadano medio tiende a imaginar que detrás de una toga debe de existir una inteligencia superior, una especie de hombre o mujer que ha comprendido cosas que al resto se nos escapan. Ayuda bastante el decorado. Cuando entra un juez en una sala todo el mundo se pone de pie. No ocurre con el médico que te ha salvado la vida ni con el ingeniero que ha calculado el puente por el que has llegado al juzgado. El juez, además, se sienta unos centímetros por encima, viste de negro y pasa a ser «su señoría». Antes de que haya abierto la boca, la arquitectura ya ha explicado quién sabe y quién obedece.
Para llegar hasta allí ha tenido que superar una oposición dificilísima, eso es verdad. Hace falta una memoria extraordinaria, mucha disciplina y la capacidad de pasarse varios años estudiando una cantidad de temas que una persona razonable intentaría olvidar inmediatamente después del examen. También viene bien disponer de una familia capaz de mantenerte mientras estudias, pagarte el preparador y aceptar que durante unos cuantos años tu aportación a la economía doméstica consistirá básicamente en recitar Derecho Civil.
La inteligencia, además, tiene un componente hereditario enorme: alrededor del 50% de las diferencias que medimos se explican por factores genéticos. Así que una parte del material con el que el futuro juez empieza a construir su meritocracia ya venía de fábrica. Después él pone muchísimo: disciplina, sacrificio, horas y, sobre todo, una memoria excepcional. Todo eso demuestra que era un magnífico opositor. Lo curioso viene después, cuando la sociedad decide que también debe de ser especialmente sabio.
La oposición demuestra que alguien tiene una memoria extraordinaria. El resto del prestigio intelectual se lo ponemos nosotros.
Porque memorizar cientos de temas no demuestra necesariamente criterio, conocimiento de la vida, comprensión psicológica, independencia intelectual ni capacidad para reconocer los propios prejuicios. Nadie invitaría al campeón mundial de memoria a una tertulia para preguntarle cómo resolver el conflicto territorial español. Al juez sí. Ha conseguido algo mucho más útil que recordar cosas: una toga.
Una vez dentro del juzgado, el misterio pierde algo de brillo. Hay asuntos jurídicamente muy complejos, pruebas difíciles de valorar y decisiones que pueden cambiar una vida. Pero quien conozca mínimamente cómo funciona la Justicia sabe también que no todas las mañanas empieza Doce hombres sin piedad. Hay procedimientos repetitivos, estructuras que se reproducen, jurisprudencia que se busca, párrafos que viajan de una resolución a otra y modelos que llevan años haciendo discretamente una parte del trabajo. La Administración de Justicia debe bastante más de lo que reconoce al botón «guardar como».
Entonces aparece la inteligencia artificial y comete una grosería considerable: resulta extraordinariamente buena precisamente en muchas de las cosas que ayudaban a fabricar el prestigio técnico del jurista. Puede almacenar más legislación y jurisprudencia de la que un magistrado podría leer aunque viviera trescientos años, localizar precedentes, comparar resoluciones, resumir expedientes, ordenar argumentos y preparar borradores. Después de décadas seleccionando seres humanos mediante su capacidad para introducir Derecho en la cabeza, hemos construido una máquina que lo hace infinitamente mejor y que, para mayor humillación, no necesita preparador.
Si una máquina recuerda todo el Derecho mejor que un juez, quizá haya llegado el momento de preguntarse por qué seguimos seleccionando jueces por su capacidad para recordarlo.
Imagino que la adaptación será tranquila y entusiasta. Las corporaciones poderosas siempre han recibido con enorme alegría las innovaciones que amenazan con reducir su importancia. La judicatura española, además, tiene una larga experiencia detectando gravísimas amenazas para la independencia judicial cuando alguien propone modificar el sistema que regula a los propios jueces. Basta observar las reacciones que provocan las reformas del acceso, los nombramientos o el gobierno del Poder Judicial. A veces las objeciones son perfectamente razonables. Otras veces uno tiene la impresión de que el Estado de derecho y el estatuto profesional de quien lo invoca han desarrollado una sorprendente tendencia a coincidir.
El conservadurismo más eficaz no consiste en votar al PP. Consiste en haber alcanzado una posición prestigiosa dentro de un sistema y descubrir después que cualquier reforma profunda de ese sistema es peligrosísima. Quien ha dedicado muchos años a saltar una barrera suele desarrollar cierto cariño por la barrera. Sería psicológicamente bastante extraño pasarse media juventud memorizando temas para concluir después que quizá no era la mejor manera de seleccionar a nadie.
El procés permitió ver otra dimensión de esa relación con el poder. Cuando el conflicto dejó de ser una discusión política convencional y pasó a cuestionar soberanía, Constitución y unidad territorial, los tribunales dejaron de parecer simples árbitros técnicos y recordaron algo que la solemnidad jurídica a veces consigue disimular: los jueces son uno de los poderes del Estado. No hace falta imaginar conspiraciones de magistrados reunidos en reservados. Las instituciones tienden a proteger el orden del que forman parte, especialmente cuando ese orden les ha concedido autoridad, prestigio y la posibilidad de que una habitación entera se levante cuando entran.
El problema se vuelve más interesante cuanto más se asciende. En la base de la pirámide hay jueces de procedencias, sensibilidades y trayectorias más o menos distintas. En las alturas del sistema, en cambio, el poder se concentra: nombramientos, asociaciones, órganos de gobierno, tribunales centrales y una cultura profesional mucho más próxima a Madrid que al territorio sobre el que decide. Allí importa menos la caricatura del juez conservador que una cuestión más incómoda: quién llega a esas posiciones, quién decide los ascensos y qué mundo social termina gobernando la interpretación última del Derecho. Es en esas alturas donde la cultura más reaccionaria puede dejar de ser una peculiaridad sociológica para convertirse en poder efectivo.
Por eso la verdadera amenaza de la inteligencia artificial no será dejar a los jueces sin trabajo. Será algo bastante más íntimo: dejarlos sin parte del misterio. Durante generaciones, el conocimiento jurídico era escaso, difícil de localizar y estaba en manos de una minoría. El ciudadano necesitaba al profesional para acceder a él. Ahora puede preguntar desde el sofá qué dice una norma, localizar una sentencia o entender una doctrina en segundos. Cuando una herramienta barata empieza a hacer en segundos algo por lo que una profesión lleva siglos cobrando dinero y prestigio, suele comenzar una conversación incómoda.
Quizá la IA no deje a los jueces sin trabajo. Puede dejarlos sin parte del misterio.
Nos explicarán entonces que una inteligencia artificial jamás podrá sustituir el criterio humano, valorar una prueba, comprender a un testigo o asumir la responsabilidad de mandar a alguien a prisión. Y ahí estará precisamente la parte interesante: descubrir cuánto trabajo judicial queda después de retirar todo lo que una máquina sí puede hacer. Porque una cosa es afirmar que un algoritmo no debe condenar autónomamente a nadie y otra muy distinta sostener que cada tarea que hoy realiza un juez necesita seguir reservada a una persona que ha dedicado años a memorizar un temario.
Tal vez la inteligencia artificial termine haciendo un favor a la Justicia. Si recordar leyes, buscar jurisprudencia, ordenar expedientes y redactar una primera versión deja de ser extraordinario, tendremos que empezar a exigir a los jueces aquello que la oposición mide bastante peor: criterio, prudencia, capacidad para escuchar, comprensión de personas que viven en mundos distintos al suyo y conciencia de los propios sesgos. En definitiva, juzgar. Sería bastante irónico que después de tantos años seleccionando jueces por lo bien que recuerdan el Derecho, una máquina nos obligara finalmente a seleccionar personas por lo bien que ejercen la función que da nombre a su profesión.
La próxima vez que entre su señoría en una sala probablemente seguiremos levantándonos. Seguirá llevando toga, continuará sentado un poco más alto y conservará una autoridad enorme, porque esa autoridad no procede realmente de su inteligencia sino del poder que el Estado ha decidido entregarle. Solo habrá cambiado una cosa. Sobre la mesa tendrá una máquina que conoce más leyes, más sentencias y más jurisprudencia que él.
Entonces, por fin, podremos dejar de admirar cuánto recuerda y hacerle la única pregunta que siempre debió importar: ¿Sabe juzgar?
Si te interesa cómo las instituciones protegen su prestigio y sus intereses, puedes seguir con «El estamento pedagógico» o ver ese mismo problema desde la ficción en la novela «Puedes irte».
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