Hay algo fascinante en viajar a Japón y descubrir que los japoneses todavía tienen la extravagante pretensión de seguir siendo japoneses. Conservan su lengua, sus costumbres, sus ceremonias y una identidad nacional que no parecen considerar una enfermedad vergonzante. En determinados ambientes intelectuales europeos, semejante obstinación exigiría probablemente la intervención de algún observatorio contra los discursos de odio, dos subvenciones para fomentar la diversidad y un editorial de El País advirtiendo del regreso de los años treinta.
A los occidentales les entusiasma Japón. Admiran sus templos, fotografían sus calles y encuentran conmovedora esa fidelidad casi religiosa a determinadas tradiciones. Les parece maravilloso que una civilización haya preservado tantos rasgos propios mientras se convertía en una potencia tecnológica. Lo curioso es que algunos de quienes celebran esa continuidad cultural en Asia contemplan con bastante más recelo las aspiraciones de determinadas naciones europeas a conservar sus propios referentes. La preservación de una cultura puede parecer una virtud antropológica o una sospechosa inclinación política, dependiendo de quién pretenda conservarla.
Naturalmente, Japón no es el santuario inmutable que imaginan algunos turistas después de comprarse una katana en Kioto. Es una sociedad moderna, contradictoria y envejecida, cuya historia tampoco ofrece un catálogo impecable de virtudes liberales. Pero conserva algo que en determinados ambientes europeos provoca una incomodidad difícil de disimular: la convicción de que una comunidad nacional puede tener interés en transmitir a las generaciones futuras aquello que la hace reconocible.
La cuestión no tiene nada que ver con la pureza racial, una estupidez que suele delatar más ignorancia histórica que amor por la patria. Se trata de algo menos espectacular: que una lengua continúe siendo la lengua común, que determinadas costumbres sobrevivan a quienes las heredaron y que integrarse en una sociedad signifique incorporarse a ella, no limitarse a compartir su código postal.
La primera diferencia entre Japón y Catalunya aparece en el idioma. En Japón, el japonés domina la administración, la escuela, las empresas y prácticamente todos los espacios de la vida cotidiana. No necesita campañas permanentes para convencer a sus habitantes de que lo utilicen. Cuenta con el respaldo del Estado y con algo quizá más importante: la expectativa social de que quien quiera participar plenamente en aquella comunidad deberá aprenderlo.
Catalunya presenta una situación considerablemente más complicada. Es una nación sin Estado propio cuya lengua comparte oficialidad con el castellano, respaldado por las instituciones españolas y por una comunidad lingüística internacional de enorme dimensión. La Generalitat puede legislar, escolarizar y promover el catalán, pero no controla todas las condiciones que determinan su utilización. Tampoco siempre aprovecha satisfactoriamente las competencias de que dispone.
El cambio de lengua se ha convertido en un automatismo tan arraigado que dos catalanohablantes pueden terminar hablando castellano por la mera presencia de alguien a quien ni siquiera han preguntado si entiende el catalán. Se ha llegado al prodigio de considerar una victoria de la convivencia que la lengua del país desaparezca preventivamente de la conversación.
Se ha llegado al prodigio de considerar una victoria de la convivencia que la lengua del país desaparezca preventivamente de la conversación.
Pierre Bourdieu explicó que las lenguas no circulan en condiciones de igualdad: su valor depende del prestigio, del poder y de las oportunidades que ofrecen. Una lengua puede estar reconocida jurídicamente y continuar subordinada en la vida cotidiana. Catalunya conoce bien esa paradoja. Hay empresarios que defienden la nación en la sobremesa y cambian de lengua al primer indicio de acento extranjero, y administraciones que proclaman su compromiso con el catalán mientras no siempre garantizan una atención efectiva en esa lengua. Resulta difícil exigir a los recién llegados una fidelidad lingüística que una parte de la propia sociedad practica con entusiasmo intermitente.
La escuela ofrece otra comparación. En Japón, la enseñanza transmite el idioma nacional y numerosas prácticas culturales mediante un sistema común, aunque no exento de críticas por su tendencia a la uniformidad. Catalunya ha utilizado la inmersión lingüística como uno de sus principales instrumentos de normalización, pero un estudiante puede aprender catalán en clase y descubrir que en su barrio, en las redes sociales o en buena parte de su ocio apenas necesita utilizarlo.
Ernest Gellner explicó la importancia de la educación y de una cultura compartida para las naciones modernas. Los símbolos pueden sobrevivir mucho después de que una comunidad haya empezado a perder los mecanismos que garantizaban su continuidad. Aunque tampoco conviene idealizar Japón: la hegemonía del japonés no ha impedido el retroceso de lenguas históricas como el ainu o las lenguas ryukyuenses. Un Estado puede preservar una cultura mientras contribuye a debilitar otras.
La inmigración introduce una tercera diferencia. Japón ha mantenido históricamente un sistema migratorio más restrictivo que numerosos países occidentales, aunque ha ampliado las vías de incorporación de trabajadores extranjeros. En determinadas categorías laborales exige acreditar conocimientos de japonés y competencias profesionales. Puede establecer esas condiciones porque controla su política migratoria.
Catalunya dispone de competencias en acogida, educación e integración, además de determinadas funciones relacionadas con las autorizaciones laborales, pero las decisiones generales sobre entrada y residencia corresponden al Estado español. Esa diferencia importa. También obliga a distinguir entre aquello que Catalunya no puede decidir y lo que sus instituciones podrían gestionar con mayor eficacia.
Reconocer las responsabilidades propias tampoco exige fingir que la demografía carece de consecuencias culturales. La inmigración puede enriquecer una sociedad y sostener su economía, pero también plantear dificultades de integración cuando se produce con rapidez o encuentra instituciones incapaces de garantizar el aprendizaje de la lengua común. El problema catalán, sin embargo, no empezó con la inmigración contemporánea: la castellanización de determinados sectores de sus élites tiene antecedentes históricos mucho más antiguos.
Japón ofrece una paradoja reveladora. Su cautela ante la inmigración no lo ha librado de una crisis demográfica considerable. La población envejece, nacen pocos niños y determinados sectores necesitan trabajadores extranjeros. Catalunya afronta otra combinación de problemas: baja natalidad, crecimiento demográfico impulsado en buena medida por la inmigración, dificultades de acceso a la vivienda y una lengua que no ocupa una posición dominante en todos los ámbitos. Ninguna de las dos sociedades resolverá esos desafíos invocando simplemente su identidad.
Disponer de un Estado amplía los instrumentos para preservar una cultura. No garantiza que sus gobernantes sepan utilizarlos.
La comparación conduce así a la cuestión de la soberanía. Japón decide sobre buena parte de sus políticas educativas, lingüísticas y migratorias. Catalunya dispone de competencias propias, pero otras decisiones fundamentales dependen de instituciones estatales. Eso no significa que todos los problemas catalanes puedan atribuirse a Madrid. Sería una explicación demasiado cómoda para una sociedad que también ha demostrado una notable capacidad para renunciar por sí sola a determinados referentes. Pero tampoco resulta serio exigir a Catalunya los mismos resultados que a un Estado soberano mientras se ignora que no dispone de sus instrumentos.
Desde una perspectiva liberal, la cuestión exige otra distinción. El individuo no pertenece a la nación como una propiedad pertenece a su dueño. Nadie debería tener que pedir permiso para enamorarse, adoptar determinadas costumbres o disentir de las tradiciones familiares. Pero la libertad individual tampoco exige que las comunidades renuncien a toda expectativa de continuidad. Defender una lengua común mediante la escuela, los servicios públicos y las políticas de acogida no equivale a imponer una determinada forma de vida privada.
Europa dispone de instituciones dedicadas a proteger lenguas minoritarias y patrimonios culturales. La contradicción aparece en determinados discursos que celebran la conservación de culturas lejanas mientras consideran sospechosa la preocupación de algunas comunidades europeas por su propia continuidad. Emocionan los documentales sobre pueblos que luchan por preservar su idioma, pero cuando un catalán manifiesta su preocupación por el futuro del catalán todavía aparece alguien dispuesto a explicarle que las lenguas son simples instrumentos de comunicación y que lo importante es entenderse.
Japón no ofrece un modelo que deba copiarse. Su experiencia demuestra que la continuidad cultural depende de instituciones, decisiones políticas y comportamientos cotidianos, pero también que la soberanía no elimina las contradicciones entre identidad, libertad y demografía.
Una Catalunya convertida en un museo etnográfico, con los ciudadanos obligados a bailar sardanas bajo supervisión administrativa, sería una perspectiva poco estimulante. Tampoco resulta especialmente atractiva una Catalunya que conserve el nombre, la bandera y cuatro festividades mientras su lengua se convierte en una curiosidad doméstica.
Al fin y al cabo, nadie necesita creer que su país es mejor que los demás para preferir que no desaparezca. Basta con quererlo, conocer sus defectos y considerar que merece la pena transmitir algo de él a quienes todavía no han nacido.
En Catalunya todavía se discute si formular esa aspiración en voz alta es de izquierdas o de derechas. Mientras tanto, cada vez existen más posibilidades de celebrar el próximo Día de la Lengua Catalana en castellano.
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